artículos | opinión
por Juan María Garibotti (*)
opinión

Cumplir y aplicar la ley

El cumplimiento irrestricto de las leyes y la publicidad de los actos de gobierno

Las democracias republicanas tienen principios que las caracterizan, entre otros: el cumplimiento irrestricto de la ley y la publicidad de los actos de gobierno. En ellas, la ley es la que establece el marco dentro del cual se deben ejercer los derechos y cumplir las obligaciones. De ello el aforismo latino que expresa que “aunque la ley sea dura es ley” (Dura lex sed lex). Implica que la ley debe ser respetada y cumplida por todos los habitantes en todos los casos, por severa que se estime en su letra o en sus consecuencias, para no socavar su autoridad, ni el orden jurídico total. Pero, para que la ley sea obligatoria, los habitantes deben conocerla. Es decir, la ley no es obligatoria hasta que no se cumpla con su publicación. De allí surgen las normas del Código Civil y Comercial cuyos artículos 4 y 5, coincidentes con los artículos 1 y 2 del anterior Código Civil, expresan respectivamente: “Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales” y “Las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial o desde el día que ellas determinen”. Lo expresado es aplicable a toda ley: nacionales, provinciales y ordenanzas municipales —consideradas, sin discusión, como leyes en sentido amplio—.

Cuando en una nota publicada en un periódico local de la ciudad de Lobos, destaqué la necesidad de que ese municipio cuente con su Boletín Oficial Municipal, en el que se haga conocer al vecino los actos relevantes del Gobierno Municipal (Decretos, Ordenanzas y Resoluciones), se trató de justificar —desde el gobierno— el incumplimiento incurrido, con la falacia de que se publicaban en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. De haber sido verdad, hubiera implicado realizar una publicación en un órgano inapropiado al efecto y haber producido un gasto excesivo injustificadamente.

En el año 2014 la legislatura provincial sancionó la ley 14.491, la que incorporó entre los deberes y atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal del artículo 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, el inciso 18 que dispone “Confeccionar el Boletín Oficial Municipal en el que deberán publicarse las ordenanzas del Concejo, Decretos y Resoluciones de ambos Departamentos que dictaren las autoridades del Gobierno Municipal. El Boletín Oficial Municipal se confeccionará como mínimo una vez por mes y se pondrá en conocimiento de la población en la sede de la Municipalidad y en lugares de acceso público que al efecto se determinen, también deberá incorporarse en la página Web Oficial del Municipio sin restricciones”. Entre los fundamentos, el legislador citó la garantía de transparencia que la ley 12.475 reconoce a toda persona física o jurídica que tenga interés legítimo, consignando también que la publicación del Boletín es para poner lo normado en conocimiento de la población en forma gratuita y en lugares públicos.

Desde la vigencia de la ley 14.491 hasta el presente, muchas municipalidades no han cumplido con esa obligación, ni las autoridades anteriores, ni las actuales, sin que pueda servir de excusa para éstas últimas su escaso tiempo en la función pública.
Otra de las leyes incumplidas en parte, es la ley 14.564 que amplió la prioridad de atención a los mayores de 70 años en oficinas públicas y/o privadas en las que se brinde atención al público, prioridad con la que ya contaban las mujeres embarazadas y las personas con necesidades especiales.

Su artículo 2 expresa que debe entenderse por prioridad de atención la prestada en forma inmediata, evitando demoras en el trámite mediante la espera de turnos. Incluso establece sanciones pecuniarias si el establecimiento es privado y de orden laboral, si se trata de personal de la Administración Pública Provincial. Fue fundamento de la sanción la preocupación del legislador que recibía información y observaba diariamente episodios en los que se “vislumbraban actitudes intolerantes respecto de la desidia con la que se trata a personas mayores, discapacitados y mujeres embarazadas en distintos establecimientos públicos como privados de atención al público, señalando que la prioridad de atención por las características de la misma debería ser de orden moral, educativo, de buenas costumbres y de buen trato”.

No creo que el lector haya visto en ninguna oficina pública provincial (sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Oficina de Rentas, Registro Civil, Mesa de Entradas de Juzgados de Paz u otros Tribunales, Comisarías, etc.), ni en alguna entidad privada con atención al público, además de la figura de mujeres embarazadas y discapacitados, carteles que algunas pocas ostentan, algún lema que indique que la prioridad de atención es también para los olvidados mayores de 70 años. Incluso, se ha llegado al colmo de que una entidad de jubilados de la Provincia, al resaltar la existencia de la ley, recomiende a sus afiliados llevar consigo un ejemplar del texto para acreditar el pedido de atención preferente, cuando el artículo 8 del nuevo Código Civil y Comercial expresa: "La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su incumplimiento…”.

El propósito de este relato es que sirva a quienes están amparados por las leyes, para que exijan su cumplimiento, y a quienes están obligados a aplicarlas, para que las cumplan y sancionen el incumplimiento, sin que sirva de excusa en el caso de la ley 14.491 el hecho de haber asumido recientemente el manejo de los municipios, o el que se carezca de infraestructura para cumplir la ley”.

 

(*) Juan María Garibotti. Abogado y docente.